Cerca de la frontera ecuatoriana, más de 44.000 familias de Perú se dedican a la pesca artesanal en armonía con la naturaleza. Pese a que cumplen un importante papel para asegurar la provisión de alimentos, la emergencia de la COVID-19 ha impactado seriamente sus medios de vida. Si bien desde estas comunidades se están gestando redes solidarias de apoyo, ¿cómo podemos garantizar su recuperación con igualdad tras esta crisis?
Pandemia tras la veda
Poco antes de que el coronavirus llegase al país, los pescadores artesanales acababan de cumplir dos meses de veda para proteger las especies de concha negra y cangrejo que extraen de los manglares al norte peruano. Aunque las medidas restrictivas para frenar la curva de contagio no impedían la movilización de los pescadores, la contracción del mercado, la poca oferta de transporte público y las limitaciones de horarios los afectaron fuertemente.
“Las conchas que extraigo con mis hijos son para nuestra alimentación. También estamos intercambiándolas por arroz o azúcar con algunas vecinas para alimentarnos”, explicaba Hilda León por aquel entonces. Las conchas negras que ella y otros pescadores extraen suelen tener como principales compradores los hoteles, restaurantes y servicios de catering de Lima. Todos nichos de mercado también impactados por la pandemia.
En efecto, se calcula que la venta de concha negra y cangrejo durante la época de inmovilización total cayó entre 80% y 90% respecto de sus niveles normales, llevando a una situación crítica a estas familias que ya eran vulnerables y cuyos ingresos netos se vieron disminuidos de 17 a 1,7 dólares diarios.
Manglares conservados
Al norte de Perú, el Santuario Nacional Los Manglares de Tumbes alberga la mayor extensión de manglar del país, un ecosistema único donde las aguas saladas se conectan con las dulces para dar vida a una gran biodiversidad y brindar oportunidades para las comunidades pesqueras que protegen esta área.
Hace unos años estas comunidades lograron que, por primera vez, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) firme un contrato para gestionar con ellas las 2 972,00 hectáreas de manglares. Así, los pescadores venían desarrollando su trabajo bajo un modelo de gestión participativo, donde ellos mismos son parte de la toma de decisiones para lograr el aprovechamiento de los recursos pesqueros conservando la naturaleza.
Lo que esta crisis deja
Desde una mirada ambiental, la COVID-19 habría traído ciertos positivos sobre esta naturaleza. El pescador Miguel Silva así lo reconoce. “Estoy contento de que el manglar sienta un respiro de la presencia humana. Las conchas y los cangrejos deben estar reproduciéndose sin problema, las aves sin el ruido estarán volando libremente”, explicaba quien a sus 58 años había decidido quedarse en casa para cuidar de su salud y la de su familia. “Soy consciente de que pertenezco a la población en edad de riesgo, por eso no estoy trabajando. El año pasado implementé un sistema de ahorro en casa y con eso estoy subsistiendo junto a mi familia”.
A diferencia de Miguel, no todos sus compañeros tienen ahorros. Si bien el Gobierno peruano lideró importantes esfuerzos para apoyar a poblaciones vulnerables como estas, se estima que tan solo el 30% de estos pescadores tuvieron acceso al bono económico, debido a su falta de registro formal. De esta manera, la emergencia no solo ha hecho evidente la escasa capacidad comercial y la absoluta dependencia de intermediarios, sino un problema mucho más complejo: la falta de asociatividad y formalización de los pescadores.
Una red solidaria
Esta crisis también ha dejado lecciones de solidaridad desde el tejido social de los pescadores. Como afirma Hilda, ha sido un gran aprendizaje para “mejorar la forma de vivir, compartir más en familia, y en sociedad ayudarnos a una acción común. Esto no debe terminar cuando pase la pandemia”.
En los últimos años, la Iniciativa Pesquerías Costeras — implementada por el Ministerio del Ambiente y los Gobiernos Regionales de Tumbes y Piura, con el soporte técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) — viene trabajando con estas pesquerías artesanales costeras en Perú y Ecuador para fortalecer la gobernanza inclusiva e impulsar la planificación espacial marino costera: dos caras de una misma moneda para lograr una producción que permita poner en valor la biodiversidad y generar empleos más sostenibles para las comunidades.
Desde esta experiencia y rescatando el espíritu solidario de estas comunidades, esta iniciativa reitera la importancia de construir alternativas que permitan a las más afectadas lograr su recuperación económica y productiva conservando la naturaleza. Como consideran ellas mismas, la recuperación de la demanda de sus productos podría tomar al menos seis meses a partir del levantamiento de la emergencia, siendo muy probable que la actividad se intensifique para “recuperar lo perdido”.
Frente a ello, la Iniciativa Pesquerías Costeras, en articulación con el Ministerio de la Producción, está llevando a las regiones de Tumbes y Piura el programa nacional “A comer pescado”, para apoyar la comercialización de sus productos y así impulsar la reactivación de su economía.
“Tenemos muchas ideas de cómo reorganizarnos. Queremos lograr mejores cosas, estar al día en los permisos de pesca y adoptar nuevas medidas al momento de realizar la extracción de conchas”, explica Hilda quien representa a la asociación Puerto Perú.
En colaboración con la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), la iniciativa está apoyando a la creación de Uniones de Ahorro y Crédito en Tumbes. El objetivo es promover la asociatividad, como base para una recuperación de las comunidades con y no en contra de la naturaleza. Una recuperación centrada en una gobernanza de las pesquerías artesanales para las personas y el ambiente. Esa es la voluntad que comparte Miguel. “La reflexión de esta pandemia es que tenemos que mejorar para que cuando pase la crisis realicemos nuestra actividad, sin sobreexplotar los recursos que día a día nos alimentan”.
Texto: Miguel Maldonado y Diana Valdospinos (CFI América Latina)— Edición: Sally Jabiel (PNUD Perú)
