El sector privado en el Perú tiene la oportunidad de ser motor del desarrollo de las personas a quienes emplea, garantizándoles un puesto laboral justo, que respete sus derechos y reconozca sus necesidades.
Susana Quintanilla empieza su día a las 3:00 de la mañana. Cuando la noche aún es oscura, toma sus cosas, prepara su almuerzo y parte a la carretera. El trayecto depende del destino, pero muchas veces solo transportarse hasta su centro de trabajo le toma alrededor de dos horas. A las 5:30 desayuna en la empresa, y a las 6:00 empieza su labor entre las uvas. Como parte del Sindicato de Trabajadores del Comité de Lucha de la Agroexportación de la Región Ica — SITCLARI, Quintanilla trabaja por el reconocimiento y respeto de sus derechos junto a las empresas agroexportadoras, por una labor justa que respete a sus trabajadores.
No es así en el caso de todas las personas ni empresas en Perú. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), al 2021 casi 10 millones de las personas empleadas en Perú laboraban en el sector informal, esto representaría, un 76.8% de la población empleada del país. El riesgo de la informalidad recae, más allá de sus implicancias para la economía nacional, en la condición desprotegida en la que deja a quienes laboran en ella. Así, quienes se encuentran en el sector informal no cuentan con una estabilidad laboral, ni seguridad social, lo que significa que no tendrán una pensión al jubilarse, no cuentan con un seguro de salud, entre otros. La falta de un contrato, además, significa que no tienen control sobre sus ingresos, lo que significa que muchas veces no reciben ni siquiera el sueldo mínimo.
“La informalidad es una traba para los Derechos Humanos,” reconoce Quintanilla, “porque las empresas informales no están declaradas como empresas. Evaden cualquier tipo de responsabilidades, no cumplen con ningún respeto a los trabajadores. Y en esto, pues estás expuesta constantemente a todo tipo de vulneraciones”.
El sector privado en el Perú tiene la oportunidad de ser motor de desarrollo en todos los niveles: a un nivel macroeconómico, sí; pero también, a nivel del desarrollo personal de las personas a quienes emplean. Garantizándoles un puesto laboral justo, que respete sus derechos, y reconozca sus necesidades de crecimiento y desarrollo. En este sentido, se aprobó en 2021 el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021–2025 (PNA), el primero de su tipo en el país, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas que contribuyan a la promoción y el respeto de los derechos humanos de todas las personas y colectivos.
En este contexto, el proyecto Global de Empresas y Derechos Humanos (B+HR) en Perú), que viene implementando el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), con el financiamiento del Gobierno de Japón, apoya a las empresas japonesas, sus proveedores y socios a que garanticen el cumplimiento de los derechos humanos en sus actividades empresariales, y a la vez, al Gobierno peruano en el proceso de implementación y descentralización del PNA.
Una realidad de injusticia
“Para mí, los derechos humanos son una garantía que tenemos las personas para vivir seguras, tranquilas, dignamente. Si nos vulneran los derechos como personas, vamos a vivir en la oscuridad y el anonimato.” Dice Patty Alburqueque, coordinadora macrorregional de Trans Organización Feminista por los Derechos Humanos de las Personas Trans. Como mujer trans, Patty se ha enfrentado a lo largo de la vida a diversas desigualdades que son tan complicadas como la negación de un derecho tan básico como el de la identidad.
Barreras como esta representan grandes dificultades para el acceso a un trabajo digno, que les deja como única alternativa ocuparse principalmente en el sector informal, que vulnera aún más sus condiciones de vida. “Nos corresponde por derecho tener acceso a un trabajo digno.” dice.
Nos enfrentamos en el país a profundas brechas de desigualdad, que afectan de manera diferenciada a las personas en mayor situación de vulnerabilidad. De acuerdo con la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos, realizada por el MINJUSDH, 7 de cada 10 personas en el Perú sienten que los derechos humanos son poco o nada protegidos, mientras que 36% considera que hay situaciones excepcionales en las que el Estado podría no respetar o vulnerar los derechos humanos de las personas.
“Podríamos entender que los peruanos y peruanas, cuando nos hablan de derechos, nos están planteando sus anhelos.” Dice Edgardo Rodríguez, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), “Nos están planteando también su necesidad de que las cosas cambien; ante una realidad de injusticia, de desigualdad.”
Estas injusticias se reflejan como vulneraciones de derechos que enfrentan los grupos como los pueblos indígenas, amenazados cada vez más por los impactos del cambio climático, la deforestación y tala ilegal; que de acuerdo con un informe de la organización Global Witness (2021), durante la pandemia, se asesinaron a por lo menos diez defensores ambientales en la Amazonía. En el creciente aumento de la violencia contra las mujeres, quienes además se enfrentan a la más alta tasa de informalidad laboral, a la par de asumir los trabajos de cuidados no remunerados. En la falta de condiciones apropiadas para el desarrollo laboral y personal pleno de las personas con discapacidades. La discriminación cada vez más violenta y discursos de odio que se espetan contra las personas LGBTIQ+, las personas en situación de movilidad humana, y demás.
El PNA reconoce la necesidad de trabajar de la mano de todos estos grupos de personas, para desarrollar mecanismos que les permitan a las empresas hacer un seguimiento debido del cumplimiento de compromisos asumidos en pro de los derechos humanos. Asimismo, dota a las personas de una línea de base, de un documento oficial, sobre el cual pueden exigir rendición de cuentas y responsabilidades a las empresas para hacer valer sus derechos.
Desde su concepción, el PNA está pensado más allá del papel, de lo que esté escrito y publicado, y de las 132 entidades del Estado, empresas, sociedad civil, pueblos indígenas, sindicatos y organismos de la cooperación internacional, que participaron de su construcción, la idea es que sea apropiado por todas las organizaciones y empresas del Perú. Que sirva como una línea sobre la cuál caminar para empezar a cerrar las brechas y construir el desarrollo de las personas en todos los ámbitos.
“No se trata solo de una respuesta estatal” señala Rodríguez, “es también cómo nos tratamos entre nosotros, el primer elemento de una situación que es todavía muy precaria.”
Como deben ser las cosas
En el camino del desarrollo, las empresas que no se acomoden a las nuevas exigencias en derechos humanos y debida diligencia, se quedarán rezagadas en crecimiento y acceso a nuevos mercados. Países como Francia y Alemania ya han adoptado y legislado en favor de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP); de esta forma, las empresas que participen de estos mercados deben cumplir con altos estándares en materia de Derechos Humanos y conservación medioambiental a lo largo de toda la cadena de valor.
En Perú, el PNA busca construir las herramientas y mecanismos necesarios para estandarizar los requerimientos y prácticas responsables y poder continuar en este camino. Así, poder ser cada vez más competitivos y seguir avanzando a la par de las tendencias de sostenibilidad de las empresas en todo el mundo.
Además, tener prácticas responsables en materia de Derechos Humanos, constituye un valor agregado importante para las empresas, en un contexto en el que tanto consumidores como mercados están siendo cada vez más exigentes con la responsabilidad empresarial, y mucho menos indulgentes cuando se encuentran fallas.
Pero, más allá de los beneficios en competitividad y crecimiento de las empresas, Manuel Olaechea, presidente del Comité de Empresas y Derechos Humanos de la Cámara de Comercio de Ica, reconoce que el enfoque de Derechos Humanos se debe aplicar porque es lo correcto.
“Es porque si no, no somos personas ni empresas justas en las que valga la pena trabajar.” señala, “Es lo que toca, como deben ser las cosas. Nosotros somos peruanos y todos queremos vivir en una sociedad justa, digna, con derechos, donde no ocurran atrocidades como ocurrieron en el pasado.”
Confianza
Para asegurar que los procesos incluyan a todas las partes interesadas, y que el PNA se implemente de forma participativa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con el apoyo del PNUD y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emprendió la labor de liderar la descentralización del PNA, llevándolo, en una primera etapa, a 5 regiones del país. Dentro de esta ruta, se trabajó con más de 50 empresas, más de 100 organizaciones de la sociedad civil y sindicatos, y más de 700 personas, para capacitarles en el proceso de debida diligencia y el enfoque de derechos humanos.
De esta forma, el PNA es un espacio multiactor, en el que se escuchan las voces, prioridades y preocupaciones de las personas en toda la cadena de valor de una empresa. En cada una de las regiones visitadas en la ruta, que comprendieron Ica, Cusco, Ucayali, Cajamarca y Piura, se tuvo sesiones separadas por sociedad civil, sindicatos y empresas, para luego construir una mesa multiactor donde todas las partes pudieran dialogar.
Esta estrategia de diálogo señala Daniel Sánchez, Coordinador del Proyecto de Empresas y Derechos Humanos del PNUD en Perú, ha sido novedosa para varias de las personas participantes. Han sido espacios donde actores, que usualmente se pueden ver como antagónicos (empresas, sindicatos, sociedad civil), han encontrado la oportunidad de construir en conjunto las soluciones que consideren necesarias para los problemas que identifiquen a nivel local y regional.
“Ha quedado demostrado que el diálogo es la mejor herramienta para construir confianza, para construir soluciones para el desarrollo.” dice Sánchez.
A futuro, se espera poder lograr la creación de mesas multiactor en todas las regiones del Perú, continuando con el compromiso de descentralizar el PNA.
“Hay muchas normas, muchas leyes, que garantizan la igualdad en distintos aspectos, pero quedan en el papel.” comenta Alburqueque. “Esperamos que esta vez las leyes se cumplan, que se haga eco de este plan, y que eso nos permita ser parte de la sociedad como ciudadanas y ciudadanos que somos.”
El Proyecto Global de Empresas y Derechos Humanos es implementado en el Perú por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con financiamiento del Gobierno de Japón. Forma parte del programa sobre Seguridad del Estado de Derechos y Derechos Humanos (Fase IV). El propósito del proyecto global es promover una recuperación justa al mismo tiempo que se preserva la competitividad de empresas japonesas. El proyecto reforzará las prácticas empresariales responsables en Japón y en los países objetivo mediante la mejora de la capacidad y la comprensión de las autoridades nacionales, las empresas japonesas proveedores y socios para llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos.
Escribe: Daniella Toce / PNUD Perú
